Coahuila-EUA, la dicotomía que se extiende
COMPARTIR
TEMAS
Como se ha señalado en anteriores ocasiones, una de las constantes de los últimos años en la historia de Coahuila es que el relato de ésta es uno en territorio nacional y otro muy distinto en el vecino país del norte. Aquí se insiste en afirmar que nadie metió mano en las arcas públicas, allende el Bravo se enderezan juicios cuyo eje principal es el robo al erario estatal.
Las historias son numerosas ya, e involucran, desde un gobernador interino hasta “prominentes” empresarios cuyos negocios fueron aparentemente utilizados para “lavar” el dinero que se extrajo ilegalmente del erario coahuilense en los tiempos de Humberto Moreira.
Hoy, una nueva cuenta viene a sumarse al collar: una Corte estadounidense estaría discutiendo la posibilidad de decomisar un avión de la empresa “Rajet Aeroservicios SA de CV”, cuya sede se ubica en el aeropuerto internacional Plan de Guadalupe, porque la aeronave habría sido vinculada a una investigación de malversación de fondos públicos que implicaría a un “funcionario público” de Coahuila.
No es la primera ocasión en la cual una autoridad de los Estados Unidos va tras los bienes materiales de personas presuntamente involucradas en actos de corrupción realizados en territorio estatal: ya en el pasado reciente se ha dado cuenta del remate de propiedades incautadas, por ejemplo, a Javier Villarreal y su familia.
En cada ocasión en la cual se difunde información de esta naturaleza, la pregunta se vuelve obligada: ¿por qué las autoridades de los Estados Unidos sí consideran necesario realizar investigaciones en torno al trasiego de dinero desde México hacia dicho país? ¿Por qué allá, cuando detectan movimientos “anormales” de recursos, inmediatamente ordenan que se haga un rastreo del dinero para determinar su origen?
La fórmula para el combate a la corrupción es vieja y muy sencilla: “seguir el rastro del dinero”. Difícilmente se comete un error cuando se pone el énfasis en esta receta: las múltiples investigaciones realizadas en el vecino país, así como los diferentes juicios penales enderezados en contra de exfuncionarios y empresarios coahuilenses, dejan clara su eficacia.
Por extrañas razones, sin embargo, de este lado de la frontera las cosas parecen funcionar exactamente al revés: los responsables de perseguir los delitos no consideran necesario siquiera el abrir una carpeta de investigación y, pese a la acumulación de evidencia, han decidido que los fiscales y jueces estadounidenses deben ser mitómanos.
Como se ha dicho anteriormente, se trata de una fórmula que no podrá sostenerse eternamente. Más tarde o más temprano, la evidencia habrá de romper el dique y obligará a que también acá se enderecen juicios en contra de quienes, literalmente, asaltaron las arcas estatales.
Cuando ello ocurra, también tendrán que ofrecer explicaciones quienes, por acción o por omisión, han acepado jugar el papel de cómplices en los últimos años.
