Coahuila: ¿la prioridad es humanitaria o política?

La desaparición forzada de cientos –acaso miles– de personas en el territorio coahuilense durante los últimos años constituye una realidad innegable. La evidencia que demuestra, más allá de cualquier duda razonable, la “ausencia” de un enorme número de personas se ubica lejos de cualquier discusión.

Lo que sí está a discusión es si tal realidad es una de carácter estrictamente legal, o una que deba ser procesada a partir de criterios políticos, es decir, si las consecuencias de las desapariciones forzadas necesariamente deben implicar, con independencia de las responsabilidades legales, consecuencias de carácter político para quienes han gobernado el Estado.

El matiz no es menor y en la diferenciación entre una y otra posición se juega –de alguna forma– la posibilidad de hacer justicia o sólo abonarle a la posibilidad de que alguien obtenga beneficios políticos de una realidad particularmente trágica.

El comentario viene al caso a propósito de la batalla que parece comenzar a librarse en Coahuila entre quienes consideran, por un lado, que lo importante es juzgar a los gobernantes por sus responsabilidades en la desaparición de personas y quienes creen que lo prioritario es hacer justicia en los casos concretos, es decir, que debe ponerse el énfasis en ofrecer satisfacción a las víctimas.

¿Cuál es la posición correcta? La respuesta a dicha interrogante no es sencilla y acaso la mejor respuesta a la misma sea que lo mejor es encontrar el justo medio, es decir, ofrecer justicia a las víctimas al tiempo que se investiga, persigue y condena a quienes hubieran incurrido en responsabilidad a propósito de los múltiples caso de personas desaparecidas.

En el inter acaso resulte importante tener en cuenta que quienes buscan justicia, porque un familiar ha sido víctima de desaparición forzada, no son –ni debe exigírseles ser– especialistas en derecho, sino apenas un conjunto de ciudadanos ordinarios a quienes lo que les importa es reencontrarse con aquel integrante de su familia que ha sido víctima de un delito cuya clasificación taxonómica tampoco está obligado a conocer o entender.

Y tener en cuenta lo anterior implica entender que los seres humanos ordinarios no buscan explicaciones filosóficas a su situación, sino tan sólo una vía material que les permita procesar su dolor, o una ruta comprensible para asumir que no volverán a reunirse con aquella persona a quien buscan.

¿Están las instituciones públicas respondiendo adecuadamente a tal circunstancia? Esta es una primera aproximación que vale la pena discutir antes de suscribirse a la idea de que, más allá de ello, lo prioritario es someter a juicio a quienes, desde las instituciones públicas, pudieron incurrir en responsabilidad.

Y no es que este aspecto deba ser dejado de lado, porque es tan importante como el hecho de hacer justicia en los casos concretos. De lo que se trata es de no priorizar “porque sí” uno u otro extremo, sino de hacer un esfuerzo por encontrar el equilibrio entre la exigencia de justicia de las víctimas y el legítimo reclamo de quienes, sin ser víctimas, ponderan de forma importante las responsabilidades políticas.