Elecciones 2017, ¿todos hacen trampa?
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El informe señala que casi el 100 por ciento de los candidatos a la gubernatura rebasaron el tope de sus gastos, lo que abre la posibilidad de anular la elección en Coahuila
El fin de semana anterior el Instituto Nacional Electoral dio a conocer, a través de un comunicado de prensa, que su Unidad de Fiscalización detectó omisiones por 264.4 millones de pesos en los informes de gasto presentado por los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes que participaron en las elecciones del pasado 4 de junio en Coahuila, Estado de México y Nayarit.
De acuerdo con la autoridad electoral, los candidatos a gobernador en las tres entidades fiscalizadas habrían erogado poco más de 796 millones de pesos, de los cuales habrían dejado de reportar a la autoridad la tercera parte.
De la totalidad de los candidatos participantes en las tres entidades –según el mismo comunicado– solamente dos –y ambos de Coahuila–, Mary Telma Guajardo, del PRD, y José Ángel Pérez, del PT, habrían reportado sus gastos de forma real. A todos los demás les habrían detectado gastos que no fueron comunicados a la autoridad fiscalizadora.
Ello implicaría, ulteriormente, que prácticamente el 100 por ciento de quienes contendieron por una gubernatura el pasado 4 de junio enfrentan el riesgo de una sanción. Adicionalmente, en el caso de Coahuila, el rebase en el tope de gasto abre la posibilidad a la nulidad de la elección, misma que en su momento deberá ser decidida por los tribunales electorales.
Con independencia de las consecuencias que para partidos y candidatos tenga en el futuro inmediato la información difundida el fin de semana por el INE, lo que ésta parece evidenciar es que en los procesos electorales todo el que puede hace trampa.
Algunos de los casos reportados por la autoridad electoral (la candidatura del PRD en el Estado de México y las de Morena y Movimiento Ciudadano en Nayarit) constituyen ejemplos extremos de esta conducta, pues de acuerdo con el reporte difundido, el gasto que les fue detectado es mayor al que realmente informaron a la autoridad y en uno de esos casos, se trata incluso de varias veces más.
De acuerdo con el INE, las detecciones de gasto no reportado se dieron merced al trabajo de “auditoría y monitoreo que realizó la Unidad Técnica de Fiscalización de 78 mil 613 registros de propaganda en vía pública, medios impresos e Internet, la auditoría a registros contables identificados en el sistema integral de fiscalización SIF, 2 mil 794 visitas de verificación a casas de campaña y eventos de los contendientes; así como del cruce de información de fuentes externas, tales como proveedores y el Servicio de Administración Tributaria”.
La evidencia a la vista parecería demostrar que el trabajo de fiscalización de la autoridad electoral ha mejorado y ahora es más difícil para los partidos esconder los gastos que realizan “por debajo de la mesa”. La pregunta es si eso se va a traducir en un castigo que realmente inhiba la conducta, o se va a convertir en uno más de los casos de impunidad que abundan en México.
Porque además de saber que los candidatos ocultaron multimillonarios gastos presuntamente realizados durante sus campañas, aún nos queda por saber si el origen de esos recursos fue lícito.
