Los gobernadores no pueden
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Desde el año 2008 el Ejecutivo Federal y el Legislativo acordaron las reformas para la entrada gradual del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, pero hoy, nueve años después y a uno de distancia de su entrada definitiva en vigor, las quejas y reclamos avanzan como un alud que quiere hacer chuza sólo en el Poder Judicial.
Hoy los gobernadores se quejan, dicen que no se puede, que la ley está del lado de los delincuentes, que no haya garantías para las víctimas y que en fin todo el trabajo (si es que lo hicieron sus antecesores) de ocho años, no ha servido.
Los gobernadores se oyen como aquellos alcaldes, o como ellos mismos cuando arreció el crimen organizado, en el sentido de que no podían combatir nada que tuviera que ver con la posesión o tráfico de enervantes ni otros crímenes cuya injerencia, decían, compete solo a la federación.
Quizás por aquellos años la postura era entendible, pero también es cierto que muchos ediles y mismos gobernadores se tiraron en la hamaca para no hacer nada y permitir que la delincuencia organizada hiciera lo que quisiera por todos los territorios.
Hoy la cuestión es diferente. La reforma fue profunda, planeada y sobre todo con recursos que se aportaron a las entidades para la infraestructura y capacitación de sus policías, incluyendo las de los municipios y los Ministerios Públicos, mientras el Poder Judicial también hizo lo propio con su personal.
En teoría de acuerdo con la versión oficial, desde que comenzó la transición hacia la nueva norma las procuradurías y fiscalías emprendieron un proceso de modernización y reestructuración interna. Esto implicó la creación y reforma de 21 leyes federales y la modificación de 350 normas locales.
Según los gobernadores, hoy, como está la ley, es posible que miles de reos pudieran estar en el supuesto de salir de la cárcel si solicitan enfrentar su proceso en libertad y un juez les concede ese beneficio, luego de que el MP no logre probar que son peligrosos.
Los gobernadores son tajantes, y, apoyados por sus diputados y senadores son capaces de solicitar una contrarreforma al sistema. Sin embargo, del otro lado hay juristas, especialistas y activistas que aunque aceptan que la reforma pueda tener desaciertos, sostienen que es muy temprano para su evaluación.
En todo caso, refieren otros, hay que ir corrigiendo lo que no funcione, y sobre todo que los gobernadores se apliquen.
Bertha Alcalde, de la organización Borde Jurídico, sostuvo recientemente que un año no es suficiente para evaluar si el sistema funciona o no, pero sobre todo destacó que la falta de capacitación de los operadores y fallas que existían en el sistema anterior era peor, pues hoy se tiene un mejor sistema para el imputado, para la sociedad, para la víctima, para las autoridades y que además hoy se genera menos impunidad.
Otros especialistas refieren que más que hablar de correcciones de errores en la reforma hay que mejorar la capacitación de todos los que están operando.
Para quienes se manifiestan por esta necesidad, es vital que los policías y los Ministerios Públicos sean realmente capacitados, pues de su trabajo depende que los delincuentes no solo sean llevados ante el juez, sino que sean considerados culpables y por ende condenados a prisión.
Es cierto que existen algunos aspectos de la ley que pueden aparentar ser blandos ante delincuentes menores, pero en una cultura como laque hemos tenido en el país, en la que creemos que aumentar las penas es la solución a todo, los cambios suelen ser difíciles en su apreciación.
De hecho en la actual ley, hay aspectos que pueden ser mejorados pues toda norma es perfectible; sin embargo hay que esperar la práctica y el avance de su desarrollo.
En fin, en los días por venir, una vez que se desatoren algunos asuntos político electoral, quizás los asuntos del Sistema Penal Acusatorio estarán en el debate nacional con mayor intensidad. Ojalá la ley no se politice de nuevo y avance en beneficio de la sociedad.