Miguel Ángel Yunes: ¿un ejemplo a seguir?

Ayer se difundió la noticia relativa a la “toma de posesión” que realizó el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, de una casa habitación expropiada por su administración debido a que presuntamente sería del exmandatario Javier Duarte, pero habría sido adquirida por un “prestanombres”, con recursos extraídos de la hacienda pública.

La vivienda, ubicada en el municipio de Tlacotalpan, fue entregada ayer mismo a la administración municipal y se estableció el compromiso de destinarla al funcionamiento de un centro cultural, aunque eventualmente podría operar en ella un museo cuyo acervo se integraría con las obras de arte incautadas al exgobernador hoy detenido.

El acto, más allá del beneficio político que le pueda acarrear al gobernador Yunes, constituye sin duda un hecho inusual en la cultura política mexicana. Por regla general, quienes amasan fortunas gracias a su paso por el servicio público, incluso aunque se vean vueltos en escándalos de corrupción, logran conservar el “patrimonio” logrado.

Por ello, con independencia del evidente histrionismo con el cual se llevó a cabo el “rescate” del inmueble en Tlacotalpan, habría que analizar si se trata de una conducta que los Gobiernos de todas las entidades –y de todos los municipios– del País deberían imitar.

Pocas personas se opondrían a que los Gobiernos en funciones iniciaran un proceso de “expropiación masiva” a fin de recuperar para el beneficio de la comunidad, los bienes que nuestros muchos políticos corruptos han adquirido con recursos de procedencia ilegal.

Tendría que cuidarse, por supuesto, que en ese proceso se respeten plenamente los derechos de todos y que las reglas del debido proceso se siguieran de forma escrupulosa.

Pero con esas salvedades, ¿alguien se opondría de verdad a que el Gobierno de Coahuila, por ejemplo, iniciara un proceso de expropiación para quitarles a Javier Villarreal y su familia, los bienes que hubiera adquirido en territorio coahuilense con el dinero que se robó de las arcas estatales?

¿Alguien se opondría a que el Congreso del Estado emitiera una ley –o introdujera modificaciones en la que ya existe– de extinción de dominio dirigida específicamente a la recuperación de activos adquiridos gracias a actos de corrupción de nuestros políticos?

Difícilmente encontraríamos un solo ciudadano que se manifestara en contra de revertir, a favor de la hacienda pública, los recursos que muchos de nuestros mal llamados “servidores públicos” se han echado a la bolsa mediante actos de corrupción de todo tipo.

Por ello, con los matices del caso y con las salvaguardas legales necesarias, el ejemplo que Miguel Ángel Yunes está dando en Veracruz bien vale la pena ser analizado y preguntarnos si quienes hoy aspiran a gobernar la entidad propondrían, como parte de su programa de gobierno, la recuperación de lo que nos han robado.