Otro periodista asesinado en México
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Con el homicidio de Javier Valdez, el gremio periodístico comprueba una vez más el alto precio de la libertad de expresión en el País
La frase luce a estas alturas desgastada de tanto que ha sido repetida: México es uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. Más peligros incluso que aquellos territorios en los cuales se desarrolla en estos momentos un conflicto armado de carácter doméstico o internacional.
Pero nuevamente ha llegado el momento de repetirla en circunstancias trágicas, pues han asesinado a un periodista más: Javier Valdez Cárdenas, quien laboraba para el semanario “Río Doce”, que se edita en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, y era corresponsal del periódico “La Jornada”.
El homicidio del también escritor, autor de varias novelas y libros cuya temática gira en torno a la actividad del crimen organizado, ocurrió mientras conducía su automóvil por una avenida de la capital sinaloense. Recibió múltiples impactos de bala.
La forma del atentado deja poco lugar a la duda, si bien habrá que esperar al resultado formal de las investigaciones: a Valdez Cárdenas lo asesinaron porque se dedicaba al oficio de informar y su trabajo le resultó “incomodo” a algún grupo criminal de los que operan en aquella entidad.
El crimen ocurre además en medio de una batalla por el control del territorio en Sinaloa, batalla protagonizada por distintas bandas rivales, así como por facciones del cártel que dirigía Joaquín “El Chapo” Guzmán.
Más allá de las circunstancias que rodean el crimen, una vez más el Estado mexicano se ve rebasado por la realidad y se muestra incapaz de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, además de evidenciar su nula eficacia en el propósito de disuadir a quienes buscan silenciar a los periodistas mediante el uso de la violencia.
El homicidio es la forma más violenta de represión ejercida en contra del derecho a la libertad de expresión. Por regla general, son los periodistas los que sufren los ataques de quienes ven en su desempeño profesional una amenaza a sus intereses, pero no son sólo ellos, sino toda la sociedad la que sufre las consecuencias de estos actos.
Porque el efecto que se busca no es solamente el de silenciar una voz, sino el de enviar un mensaje al resto de la comunidad: una suerte similar puede esperarle a quien denuncie, a quien señale, a quien condene la actividad de quienes han decidido hacer de la criminalidad una forma de vida.
El gremio periodístico mexicano ha pagado ya con muchas vidas su determinación de mantener la defensa de la libertad de expresión como uno de los valores más importantes de toda sociedad democrática. Es tiempo de que el Estado haga algo más que emitir pronunciamientos y realizar “compromisos” que rápidamente se revela incapaz de cumplir.
El periodismo y la libertad de expresión continúan bajo amenaza en nuestro país. Todos estamos llamados a defender esta libertad fundamental y una de las formas en que podemos –y debemos– hacerlo es exigiendo, sin descanso, que las autoridades nacionales diseñen, pongan en práctica y consoliden políticas públicas orientadas a garantizar en los hechos la seguridad de los comunicadores.
Ni un periodista asesinado más.
