Pueblos, familias e hijos roban a Pemex

El crimen organizado está detrás de una parte del robo y venta ilegal de combustible en el país, así como familias de campesinos que al ganar poco decidieron unirse a la actividad ilícita que ha generado pérdidas por 20 mil millones de pesos. Este problema de la toma de poliductos ha ocurrido desde hace 20 años, aseguraron líderes gasolineros. Pero ante sus constantes denuncias, las autoridades se han señalado entre ellas sin actuar e incluso personal de Petróleos Mexicanos (Pemex) está involucrado.

“El mercado del huachicol en México tiene más de 20 años y se ha denunciado”, afirmó Juan Pablo González Casanova, director de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas). Luz María Jiménez Almazán, presidenta de la Asociación de Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala (Guept), dijo que “la venta de producto robado de manera clandestina es una afectación enorme y un grave problema que hemos venido denunciando y arrastrando los últimos 20 años. Hemos registrado pérdidas económicas cuantiosas. Las ventas han bajado hasta el 60 por ciento”.
El problema fue mediatizado después del enfrentamiento entre policías y huachicoleros en Palmarito Tochapan, del municipio Quecholac, Puebla, que dejó al menos 10 muertos el miércoles 3 de mayo. En febrero, se registró previamente otro choque entre autoridades y delincuentes en Acajete tras el decomiso de dos camionetas cargadas con combustible sin el registro de heridos.

El diario local Periódico Central publicó que Antonio Martínez Fuentes, “El Toñín”, quien participó en el conflicto armado de inicios de mes, era un humilde campesino, hasta que se hizo millonario al dedicarse a controlar el negocio de la extracción y venta de combustible robado en la zona del Triángulo Rojo en Puebla.

Grupos delictivos colocan el producto en algunas de las 12 mil gasolineras en el país a las tres de la mañana “sin preguntarles” a los gasolineros, aseguró en entrevista televisiva Juan Pablo González Casanova, director de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas). “Vengo en una semana por el dinero y si no, la cabeza de tu hijo”, afirmó en el programa Debate conducido por Carlos Loret de Mola.

Petróleos Mexicanos (Pemex) ha clausurado 316 gasolineras en el país por nexos con el crimen organizado, de acuerdo con un informe de su filial Refinación. De 2010 a 2015 cerraron 40 estaciones en Nuevo León; 24 en Tamaulipas; otras 24 en Veracruz; 22 en el Estado de México; 17 en Jalisco; 17 en Baja California; 15 en Coahuila; 14 en Sinaloa; 14 en Michoacán; 11 en Puebla, entre otras.

El líder gasolinero reconoció que, a pesar de que existe un sistema de control volumétrico que detecta suministros ajenos a Pemex y lo reporta a la Procuraduría General de la República (PGR).

“Habrá gasolineras que vendan el producto robado y más en las zonas de más conflicto” ante las amenazas. Además, “hay mucha delincuencia que compró gasolineras y están operándolas desde hace mucho tiempo. Habrá que investigar quiénes son los socios y cómo operan”, externó.

En otros casos, expuso, “enfrente de gasolineras hay tambos de la delincuencia que venden impunemente el litro a entre cinco, siete o diez pesos. Las ventas de nosotros bajan: algunas vendían medio millón de litros y ahora 100 mil”.

Además del comercio ilícito en las gasolineras y enfrente de ellas, se ofrece al menudeo por todo el país. En las carreteras, en los changarros y locales se venden recipientes de 20 litros.

DE CAMPESINOS A HUACHICOLEROS

Luz María Jiménez Almazán, presidenta de la Asociación de Gasolineros Unidos de los Estados de Puebla y Tlaxcala (Guept), aseguró en entrevista telefónica que en Puebla, donde más se registran tomas clandestinas, poblados enteros han abandonado el trabajo en el campo para pasarse a la delincuencia.

En Puebla hay 3 millones 958 mil habitantes viviendo en pobreza y 4 millones 272 mil obtienen un ingreso insuficiente para adquirir la línea de bienestar (canasta alimentaria y servicios básicos de vivienda, educación y salud).

“Es un tema muy delicado que ha contaminado a la sociedad por completo. Hoy no solo son delincuentes los que se dedican al robo y venta de combustible, sino poblaciones y familias enteras las que incluyen a sus hijos en la venta ilegal de combustible. Todas estas familias que antes se dedicaban a la siembra y ganaban muy poco, hoy con ese delito ganan dinero rápido y será muy difícil que regresen a la economía formal”, evaluó la líder gasolinera.
La organización Gobierno Fácil, con datos de Pemex, reveló que de 2000 a 2010 han ocurrido 3 mil 218 tomas clandestinas para el robo de combustible en 27 de los 217 municipios de Puebla. Esto es, un aumento de 1838 por ciento en los últimos seis años (2011 a 2017) con respecto a la década anterior (2000 a 2010).

Gobierno Fácil documentó que Tepeaca, Palmar de Bravo, Acajete, Quecholac, Acatzingo, San Matías Tlalancaleca, San Martín Texmelucan y Esperanza son los municipios que más registran toma de ductos.

Son municipios donde el nivel de pobreza es alto. Conforman una franja al norte de la entidad que va del municipio de Esperanza, en la frontera con Veracruz, a San Martín Texmelucan, a lado del Estado de México. Ahí se encuentra el poliducto que conecta Minatitlán, Veracruz, con la Ciudad de México, así como al Complejo Petroquímico Pajaritos en Coatzacoalcos.

Más del 70 por ciento de los ciudadanos que habitan los municipios en donde hay mayores reportes de extracción y venta de hidrocarburo robado viven en pobreza, revelan datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Tepeaca es el municipio número 17 con el mayor número de tomas a nivel nacional y el primero a nivel estatal. En abril explotó una bodega donde se almacenaban miles de litros de combustible de procedencia ilícita y unidades para su transporte. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Profeco sólo ha revisado seis gasolineras de esa zona.

Desde diciembre del año pasado el titular de la Secretaría General de Gobierno de Puebla (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, afirmó que criminales “están captando y cooptando” a habitantes principalmente del corredor Tlahuapan-Palmar de Bravo para que se unan al negocio.

“Hay de todo. Hay grupos de la población evidentemente coludidos o asociados con estos grupos del crimen organizado [que] hacen este tipo de actuaciones”, dijo a la prensa local.
Respecto a amenazas, la dirigente de GUEPT aseguró que a su grupo compuesto por mil 200 afiliados no llegan ni los agreden “porque no interactuamos ni colaboramos con los delincuentes; nos mantenemos al margen”.

Al principio, dijo, como gasolineros denunciaban los lugares donde se extendía el robo y la gente que lo hacía, pero solo encontraban “indiferencia de la autoridad”. Evaluaron que informar a los culpables “era un riesgo enorme que no tenía ninguna repercusión”, por lo que decidieron presionar a la autoridad para que actúe.

Sin embargo, “Pemex ha sido indolente históricamente. La GUEPT le entregó documentos para pedirle que vigilaran los ductos, pero el jefe de estaciones de servicio aseguró que no era su responsabilidad, porque era labor del Ejército”, afirmó Jiménez, declaración que coincide con lo dicho por el director de Amegas.

La semana pasada, el titular de la empresa estatal, José Antonio González Anaya, aseguró que “es posible que haya personas de confianza o sindicalizados que estén involucrados en el robo”.

“¡Ja, qué sorpresa! Nosotros lo hemos denunciado hace años”, ironizó Luz María Jiménez, dirigente del GUEPT.

“Es imposible pensar que gente que no conoce el movimiento perforara los ductos sin saber a qué hora pasaba la gasolina, ya que estos tienen un horario para el transporte del producto”.