¡Y que nos mandan a volar!
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Por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que toda la información relativa a los vuelos de la Presidencia de México no debe ser pública. El argumento fue que se ponía en riesgo la seguridad nacional.
Con ello mutilaron cualquier posibilidad de vigilancia ciudadana al uso de aeronaves que –parecen olvidarlo– son pagadas con el presupuesto que sale de los impuestos de los ciudadanos.
Su fallo abre las puertas a abusos y excesos que empezaban a ser controlados gracias a la vigilancia de medios de comunicación, organizaciones, activistas e individuos en lo particular.
Explico por qué:
El Estado Mayor Presidencial (EMP), organismo encargado y capacitado con altos estándares para que la seguridad del Presidente de la República y su familia nunca esté en riesgo, no considera que dar acceso a la información de la salidas y llegadas de todos los aviones que componen la flota presidencial ponga en riesgo la seguridad del primer mandatario y los suyos. Esto, a juzgar por las resoluciones del EMP a este tipo de solicitudes desde 2005 cuando entró en vigor la primera Ley de Transparencia en México: entregaban la información.
La mejor forma que encontraron para hacerlo fue que el ciudadano que solicitara conocer el uso de las aeronaves acudiera a las oficinas del EMP a revisar las bitácoras de vuelos y tomar nota. No era raro encontrar ahí a reporteros, cumpliendo los horarios y las reglas del Estado Mayor.
Con ese método se supo que en el sexenio de Vicente Fox había decenas de vuelos pagados por nosotros a cualquier cantidad de paraísos turísticos, realizados presuntamente por los hijos de la entonces primera dama Marta Sahagún.
Así nos enteramos también que David Korenfeld, el extitular de la comisión Nacional del Agua que fue exhibido por un vecino al utilizar un helicóptero de la Conagua para trasladar a su esposa y sus hijos de su casa al aeropuerto de la Ciudad de México, daba uso de taxi particular no sólo al helicóptero en el que fue exhibido, sino a varios helicópteros oficiales.
Antes, las decisiones del IFAI-INAI eran inapelables, pero desde este sexenio eso cambió. Retrocedió. De hecho, el caso de la flota presidencial llegó a la Suprema Corte por un recurso interpuesto por el Jurídico de la Presidencia de la República en contra de la decisión del INAI que consideró que la información de las salidas, destinos y rutas de los aviones presidenciales no debe ser considerada confidencial.
Y ganaron en Los Pinos. Con el voto de seis ministros, la SCJN consideró que ninguna información relacionada con las bitácoras de los vuelos presidenciales debe entregarse. Salieron más papistas que el Estado Mayor.
El proyecto fue elaborado por el ministro Javier Laynez Potisek, ex procurador fiscal federal, y fue apoyado por sus pares Luis María Aguilar, Eduardo Medina Mora, Margarita Luna Ramos, Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo Rebolledo y Norma Lucía Piña Hernández. Arturo Zaldívar votó a favor de entregar sólo los datos relativos a lugares de origen y destino de los vuelos. Y José Ramón Cossío sufragó por autorizar la entrega de toda la información sin restricciones.
Con este paraguas, podrán llevarse a sus familias y cuates a un concierto o un evento deportivo en el extranjero y no tendremos modo de llamarlos a cuentas.
@CarlosLoret
