Conagua: el desastre administrativo en la gestión de los acuíferos

“Una nueva disminución del presupuesto (para 2024, en la Conagua) difícilmente asegura una mejor gestión del agua, en un contexto de sistemas hídricos presionados por sequías particularmente severas”.

La frase anterior se encuentra en la nota informativa emitida el pasado 10 de octubre por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en la cual se analizaba el entonces proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el cual contemplaba una disminución de más de 12 por ciento en el presupuesto para la Comisión Nacional del Agua.

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El del IMCO fue uno de los múltiples análisis formulados antes de la aprobación del PEF 2024 para manifestar preocupación por la reducción del presupuesto a Conagua, debido a las adversas consecuencias de tal decisión producto de las actuales circunstancias de sequía en el país.

Pero, como lo anticipó el analista Luis Miguel González, en su columna del diario El Economista el pasado 20 de octubre, la mayoría de los legisladores no se molestaron en averiguar el riesgo implicado en tal decisión.

“En el 2024, el presupuesto de Conagua será (de) 62 mil 600 millones de pesos, frente a 71 mil 600 en 2023. El monto es menor a los 120 mil millones que recomienda el Consejo Consultivo del Agua, un organismo que reúne a algunos de los mayores expertos del tema en México”, advirtió el economista.

En principio, parece un tema sólo para iniciados, pero constituye una asignatura de la mayor relevancia para todos: estamos hablando de la capacidad del Estado Mexicano para gestionar adecuadamente un recurso vital en tiempos de crisis.

Las consecuencias no son triviales y se traducen en hechos tan graves como el carecer de certeza en relación con la disponibilidad de agua subterránea en los acuíferos de nuestra región.

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Un botón de muestra: el especialista Édgar Alexandro Flores Araujo, fundador del Centro de Investigaciones de Aguas Nacionales (CIAN) expuso en la semana, en Saltillo, el desorden existente en la determinación del volumen de agua en el acuífero Allende-Piedras Negras.

El problema con ello es la falta de claridad sobre la forma en la cual la Conagua llega a tales cifras, pues los documentos públicos disponibles no permiten rehacer los cálculos.

VANGUARDIA dio cuenta, el 12 de noviembre pasado, de una situación similar en el caso del acuífero Saltillo Sur: de registrar un presunto déficit de 52.47 mdmc en 2020, la cifra disminuyó a 26.76 millones en noviembre pasado.

¿Cómo se explican estos “saltos” en la situación de los acuíferos a partir de las cifras de Conagua? Flores Araujo tiene una hipótesis: la dependencia sufre una “crisis administrativa” de la cual deriva “un caos” en la gestión de las reservas subterráneas de agua.

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En buena medida el desorden se explica, según apunta la evidencia, a partir de la reducción presupuestal sufrida por la Conagua, pues ello le impediría realizar verificaciones en campo para constatar la realidad, es decir, conocer exactamente cuánta agua se extrae de los acuíferos y, a partir de ello, desplegar acciones para mejorar la gestión del líquido.

Pese a todo, nadie en la dependencia parece preocupado por la situación, pues ni siquiera es posible obtener reacciones oficiales a los reportes periodísticos publicados. Mientras tanto, los indicadores adversos no hacen sino acumularse y crecer, entre ellos la grave situación de sequía padecida de manera particular en nuestra región.

¿O estaremos más bien, como señalan algunas voces, ante una crisis existente solamente en el papel? Seguiremos en el tema.

@sibaja3

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